Abstract

El marco constitucional y legal de Costa Rica, incluida la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, es fiel garante de los derechos humanos. Además, la existencia de un amplio marco jurídico internacional vigente en el país sobre protección de tales derechos contribuye a llenar las lagunas que presenta la legislación nacional. Particularmente destacable ha sido el papel jugado por la citada Sala Constitucional en la defensa de los derechos humanos de las personas afectadas por el virus de inmunodeficiencia humana, en especial al garantizarles sus derechos a los medicamentos antirretrovirales. También la Defensoría de los Habitantes ha instado en múltiples ocasiones a las instituciones públicas a impulsar políticas que permitan alcanzar los fines previstos en la legislación sobre la materia, la cual presenta aún importantes vacíos en relación con la perspectiva de género, la población joven, los derechos de la personalidad o el ámbito laboral, entre otros.