Abstract

La relación entre patrimonio y derechos políticos en la obra de John Locke ha sido ampliamente discutida. Por un lado, se encuentran posiciones como las de Kendall y Tully que atribuyen un carácter democrático a la concepción lockeana sobre la sociedad civil. Por otro, interpretaciones como las de Ashcraft que le asignan un sesgo revolucionario e igualitario, próximo a la concepción de los Levellers. Sin embargo, a la luz de una serie de documentos, es posible discutir estas interpretaciones, como ya lo han hecho diversos intérpretes parcialmente. Se mostrará aquí que Locke supone que la discusión parlamentaria compete a quienes, representando a los diferentes sectores productivos, discuten la promoción de sus actividades y que los trabajadores, al no disponer de la formación necesaria para la discusión sobre los asuntos públicos, no son considerados para participar del ejercicio parlamentario sino sólo de una resistencia excepcional.