Abstract

El derecho a migrar, como el derecho a la salud del migrante, se encuentran reconocidos en la Ley de Migraciones Nro. 25871/2003 de Argentina. Dicha ley constituye un avance legislativo en derechos humanos; resultado de un largo proceso constituyente, deliberativo, que dio lugar a un modelo inclusivo de migración sin precedentes internacionales en su momento. Sin embargo, recientemente asistimos a un giro en políticas migratorias (DNU 70/2017). Como consecuencia, se produce un retroceso en derechos sociales y políticos. En lo que hace al derecho a la salud, la instauración de políticas neoconservadoras (Cobertura Universal de la Salud –CUS-) impulsó leyes provinciales (Ley 6119/2019) destinadas a exigir seguros pagos de salud para migrantes, contrarios a nuestra constitución. El objetivo del presente trabajo es analizar las raíces de éstos cambios en las normativas citadas sobre migraciones y salud; aplicando un marco de justicia social que nos permita comprender, críticamente, cómo la bifurcación de políticas distributivas y de reconocimiento en las mismas legislaciones habilitó el desarrollo de políticas neoconservadoras impuestas a través de decretos autoritarios; cuyas consecuencias trascienden la esfera de los migrantes, haciendo peligrar al mismo sistema de salud argentino como bien público.