Abstract

Las infraestructuras de la energía se han visto tensionadas por una serie de demandas y responsabilidades que tienden a solucionar problemas cruciales de la actualidad y del futuro, como el cambio climático y la justicia distributiva. En este artículo planteo que, para armonizar muchos de estos asuntos, una mejor comprensión de la relación entre usuarios e infraestructuras debe ser alcanzada. Para ello, sostengo que los estudios infraestructurales, en combinación con los análisis de usuarios provenientes de los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), pueden contribuir significativamente a esa tarea. De este modo, desde una perspectiva genealógica y mediante el análisis de documentos de archivo de la Administración Pública de Chile, analizo el caso de los colgados: grupo de usuarios de la energía eléctrica sin relación contractual con las empresas de distribución, que emergió como un problema durante la década de los ochenta, cuando se comenzó a privatizar la infraestructura en medio de la dictadura militar. El análisis del caso de los colgados permite notar que, a pesar de la evidencia presentada en los estudios encargados para el conocimiento del perfil de este tipo de usuarios, quienes estaban a cargo de la infraestructura -empresarios, economistas y políticos- interpretaron en todo momento los resultados de dichos estudios dentro del marco racional-económico con el que se diseñan las políticas públicas a partir de esa época en Chile. Así, este caso de estudio sirve como un ejemplo de la obstinación con que se aplican los supuestos de racionalidad-económica. A pesar de la evidente contradicción entre el comportamiento de los usuarios y los supuestos con que operaban las políticas públicas, la ilusión de la racionalidad-económica como explicación representativa del comportamiento de los usuarios, continuó siendo el eje articulador de las relaciones infraestructurales.