Abstract

Frente a la incapacidad de cumplir con las funciones delegadas al poder político, la necesidad de conservación del poder y de legitimación genera respuestas simbólicas a demandas ficticias generadas e impulsadas por actores globales o locales llamadas "campañas contra la inseguridad", "campañas contra el terrorismo", etc. En consecuencia los Estados usan las leyes penales como propaganda electoral. Sin embargo como ha señalado Hassemer "quien pone en relación al ordenamiento penal con elementos simbólicos, puede crear la sospecha de que no toma en cuenta al dureza muy real y nada simbólica de las vivencias de quien se ve sometido a persecución penal, detenido, procesado, acusado, condenado, encerrado".