Abstract

La Iglesia católica, que ya mostró una fuerte oposición a los postulados de la Ilustración en su propuesta de los derechos del hombre y del ciudadano, defiende y predica en sus enseñanzas, desde el pontificado de Juan XXIII, los contenidos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero esta misma Iglesia no pone en práctica tales derechos. Ni el Estado de la Ciudad del Vaticano es un Estado de derecho, ni el Vaticano, en cuanto Estado asociado a las Naciones Unidas, ha suscrito los Pactos sobre derechos humanos aprobados por la ONU en diciembre de 1966. Tampoco el Vaticano ha suscrito la gran mayoría de los convenios, convenciones y protocolos que las Naciones Unidas han propuesto para la aplicación de los derechos humanos a situaciones tan graves como los crímenes contra la humanidad, la tortura, los delitos de genocidio o las abundantes discriminaciones que hacen imposible la igualdad de derechos de todos los seres humanos. Este comportamiento contradictorio de la Iglesia católica resulta comprensible desde el momento en que el Romano Pontífice es no sólo un líder religioso, sino también un jefe de Estado. La doctrina moral de la Iglesia y los intereses políticos del Estado Vaticano son el mayor obstáculo para que el comportamiento de la Iglesia resulte coherente en lo que se refiere a la aceptación y puesta en práctica de los derechos humanos.