Abstract

Los pueblos originarios que habitaban —y habitan— el territorio actualmente ocupado por el Estado argentino han sido objeto de una serie de procesos simultáneos de desposesión, discriminación y pauperización. No obstante, con el paso de las décadas y en el marco de la lucha que los primeros llevaran a cabo, el gobierno ha adecuado parte de su legislación a los requerimientos internacionales en relación con el respeto debido hacia los derechos de todos los pueblos. En ese marco, la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche —principal núcleo urbano del territorio provincial— fue declarada formalmente como Municipio intercultural en 2015. Sin embargo, a pesar del pronunciamiento oficial y del compromiso exigible a los dirigentes locales, algunas situaciones dan cuenta de una aplicación superflua y acotada de la normativa, así como, también, de la pervivencia de una historiografía conservadora que incide con efectos reaccionarios en el accionar de los funcionarios. Puntualmente, en base al análisis de circunstancias específicas bajo el marco intercultural de la legislación local vigente, el presente artículo se propone precisar falencias en el accionar del Municipio para dar cuenta de una postura vaga respecto del acompañamiento y salvaguarda de las comunidades mapuche. De esta manera, sin pretender que lo intercultural se agota en la relación pueblos originarios/Estado, el objetivo es encender una luz de alerta que motive un accionar superador por parte de quienes ejercen —y ejerzan— la función pública en la ciudad, bajo la convicción de que es necesario reivindicar los derechos del pueblo mapuche a su propia historia, territorio e identidad, todos ellos derechos humanos garantizados por la legislación internacional para todos los habitantes del planeta.