Este artículo muestra que el método adecuado de la disciplina jurídica es un método tópico, debido a la naturaleza práctica de la disciplina. Desde allí arroja luz sobre el problema de las lagunas legales. Al mismo tiempo, sin embargo, se esfuerza en mostrar que no equivale afirmar el carácter tópico de la disciplina y aceptar el activismo judicial que ha introducido la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en la interpretación-creación del Derecho Constitucional y que ha (...) llegado al paroxismo en la escuela del uso alternativo del Derecho. (shrink)

El artículo analiza la justificación deliberativa de la revisión judicial a partir los originales aportes de la obra de Carlos Nino. Propone que el deliberativismo solo puede defender consistentemente un rol para la revisión judicial si esta se orienta radicalmente a las condiciones justificatorias y deliberativas de las decisiones, prácticas y políticas públicas, y no a la evaluación sustantiva de su consistencia con los derechos fundamentales, incluso los que sean considerados precondiciones democráticas. Argumenta que la versión más difundida (...) de las tesis de Carlos Nino caía en una inconsistencia -al tratar de preservar un ámbito sustantivo para la revisión judicial relacionado con los derechos a priori- y reconstruye una versión alternativa y menos conocida, articulada en uno de sus últimos libros, en la que la revisión judicial es articulada en clave radicalmente procedimental-justificatoria. The paper analyzes the deliberative justification of judicial review centered on the original contribution of Carlos Nino’s work. It proposes that deliberativism can only defend, consistently, a role for judicial review in a democracy if the institution is radically oriented to the justificatory and deliberative conditions of public policies, practices and decisions, abandoning any substantive evaluation of their consistency with fundamental rights, even those that are considered as democratic preconditions. The paper argues that the most known version of Carlos Nino’s thesis on the subject was partially inconsistent -while trying to preserve some room for substantive judicial review related to a priori rights- and considers an alternative and less known version, presented in one of nino’s last books, where judicial review is constructed with that radically procedimental-justificatory approach. (shrink)

Las últimas décadas han supuesto la irrupción de la nueva disciplina de la “política judicial”, heredera del realismo jurídico y empeñada en estudiar el comportamiento judicial con herramientas científico-sociales y desde variables explicativas sociopolíticas. Al hacerlo, sin embargo, dichos estudios han preterido el papel del derecho en la explicación del comportamiento de los magistrados, para lo cual se han esgrimido razones teóricas acerca de la indeterminación de la norma jurídica. En este artículo, defiendo que dicha preterición constituye (...) una importante limitación para la construcción de modelos empíricos de comportamiento judicial. (shrink)

RESUMEN: El trabajo aborda las sanciones inteligentes aplicadas por el Consejo de Seguridad de la ONU en la lucha contra el terrorismo y tiene como objetivo analizar el impacto de aquellas en el ámbito de los derechos humanos, con énfasis en el derecho a la tutela judicial efectiva, lo que suscita complejas divergencias, cuyo análisis implica examen de cómo ocurre la articulación entre el Consejo de Seguridad de la ONU y los Estados demandados por éste en la aplicación (...) de las dichas medidas, así como cuáles son los parámetros de vinculación y limitación de estos. ABSTRACT: The work addresses the smart sanctions applied by the UN Security Council in the fight against terrorism and aims to analyze the impact of those in the field of human rights, with emphasis on the right to effective judicial protection, which raises complex divergences, whose analysis implies an examination of how the articulation between the UN Security Council and the States demanded by it in the application of these measures takes place, as well as the parameters of linkage and limitation of these. PALABRAS CLAVE: terrorismo, sanciones inteligentes, derechos humanos, tutela judicial efectiva. KEYWORDS: terrorism, smart sanctions, human rights, effective judicial protection. (shrink)

Una de las problemáticas que acompañan a los derechos económicos, sociales y culturales en su desarrollo y aplicación, es la indeterminación de su contenido esencial en los textos constitucionales. En este supuesto normativo se ubica el derecho a la salud en México. Su formulación lingüística en nuestro orden constitucional está expuesta de forma general, lo cual produce un problema de vaguedad al momento de hacerlo exigible ante las instituciones encargadas de protegerlo. Este texto plantea la necesidad de la especificación (...) y comprensión del núcleo esencial que configura el derecho a la salud. Esta problemática de la textura abierta del derecho a la salud se ha ido solventando gradualmente mediante la formulación y adopción de precedentes por parte del Poder Judicial de la Federación. La evolución del derecho a la salud y de su contenido se observa en las sentencias en materia de atención médica, de protección contra riesgos sanitarios y de acciones de salud pública, que en su conjunto reflejan una serie de líneas jurisprudenciales del derecho a la salud en México. (shrink)

En este trabajo se explora el rol que la verdad de los enunciados fácticos juega en la aplicación de normas jurídicas y en la justificación de las decisiones judiciales. Se sostiene que la verdad es irrelevante respecto de la aplicación de normas jurídicas, entendida esta última en términos «inferenciales», y que lo es también respecto de la justificación interna de las decisiones que aplican esas normas. Se argumenta luego que la verdad de la premisa fáctica tampoco es condición necesaria de (...) la justificación externa, en diferentes sentidos. Se sostiene, en definitiva, que la verdad de la premisa fáctica no es condición necesaria de la justificación de la decisión judicial en ningún sentido plausible en que dicha justificación pueda ser evaluada. Esto no significa, sin embargo, que la verdad de dicha premisa sea irrelevante. (shrink)

La Unión Europea es una Comunidad de Derecho. El Estado de Derecho es un valor europeo consagrado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Su efectividad requiere de la existencia de un Poder Judicial independiente en la propia Unión y en todos y cada uno de los Estados miembros. Hoy en día está amenazado por un enemigo interior: el populismo iliberal que impugna las instituciones contramayoritarias del control de poder. En la primera parte de (...) este trabajo pondré de manifiesto la incompatibilidad del populismo iliberal con la cultura política democrática que da sentido a las instituciones contramayoritarias. Incompatibilidad que le conduce directamente a impugnar un principio básico inherente a aquella como es el respeto a la independencia judicial. En la segunda, analizaré la respuesta que ha dado la Unión Europea, y concretamente, el Tribunal de Justicia a los ataques a la independencia judicial por parte del Estado polaco. (shrink)

Jeremy Waldron is well known for his disdain of U.S. jurisprudential doc- trine that allows courts to invalidate democratically enacted legislation on the ground it violates certain fundamental constitutional (and quasi-moral) rights. He believes that where disagreement on the relevant substantive is- sues is widespread among citizens and officials alike, it is illegitimate for judges to impose their views on the majority by invalidating a piece of enacted law. Even if we assume, plausibly enough, there are objective moral constraints on (...) what restrictions on behavior may be enacted into law, judges have no privileged access to the objective truth and must, like everyone else, rely on their own subjective intuitions and views. Given that judges are hence no more likely than citizens or legislators to reach the correct decision about what morality requires, these disagreements should be democratically resolved. As he puts it, if disagreement about rights is to be sorted out by counting heads, it should be the heads of citizens who have ultimate sovereignty in a democracy, rather than those of unelected judges, that ought to count.In this essay, I consider Wilfrid Waluchow’s response to Waldron’s argument in his outstanding new book, A Common Law Theory of Judicial Re- view, in which he attempts to provide the practice of judicial review with something akin to the foundation that justifies allowing judges authority over the development of the common law. I will begin with a short explication of Waldron’s argument and then consider Waluchow’s objections to Waldron, as well as Waluchow’s living-tree conception of a common-law constitution with content that evolves through a common law approach to reasoning in constitutional disputes.Resumen:A Jeremy Waldron se le conoce por el desprecio que ha manifestado con relación a la doctrina constitucional estadounidense que permite a los tribunales invalidar legislación que ha sido promulgada de manera democrática, dado que según Waldron lo anterior constituye una violación a ciertos derechos constitucionales (y cuasi-morales). Él piensa que si existe un desacuerdo importante entre los ciudadanos y oficiales del derecho en relación con cierto tema sustantivo, es ilegítimo que los jueces impongan sus puntos de vista sobre los de la mayoría de la población al invalidar una ley promulgada. Incluso si suponemos, de manera lo suficientemente plausible, que existen limitantes morales objetivas sobre las restricciones que el derecho puede contemplar en relación con el comportamiento de los ciudadanos, los jueces no gozan de un privilegio especial con el que puedan acceder a estas verdades objetivas y deben, como todos los demás, basarse en sus propios puntos de vista e intuiciones subjetivas. Entonces, dado que los jueces al igual que los ciudadanos y legisladores no pueden llegar a mejores y correctas decisiones en relación con lo que exige la moralidad, estos desacuerdos se deben decidir de manera democrática. Como sostiene Waldron, si los desacuerdos sobre los derechos se deben decidir con un recuento de manos, deben ser las manos de los ciudadanos, los cuales tienen la soberanía última en una democracia, no así los jueces que no son electos.En este artículo, el autor analiza la respuesta de Wilfrid Waluchow a los argumentos de Waldron, los cuales se encuentran plasmados en el nuevo e interesante libro: A Common Law Theory of Judicial Review, donde Waluchow intenta justificar la práctica del judicial review a través de algo parecido a la justificación que otorga a los jueces autoridad para desarrollar el common law. El autor inicia con una breve explicación del argumento de Waldron y continúa con las objeciones de Waluchow a Waldron, entre las cuales destaca la concepción de Waluchow de la Constitución como árbol viviente. (shrink)

The aim of this paper is to provide a theoretical model of judicial reasoning that satisfactorily integrates the partial explanations offered by three differ- ent theoretical research paradigms: Philosophy of Law, Legal Epistemology, and Artificial Intelligence and Law.The model emerges from the application of knowledge elicitation and knowledge representation methods. The model employs the theory of neural networks as a theoretical metaphor in order to generate its explanations and its visual representations.The epistemological status of the model is of a (...) constructivist stripe. It is in line with contemporary research tendencies within cognitive psychology that propose that judicial reasoning may be better understood if we assume a coherentist and a connectionist approach.Resumen:El objetivo de este ensayo es presentar un modelo teórico del razona- miento judicial que pueda integrar de manera satisfactoria las explicaciones parciales ofrecidas en tres distintos paradigmas de investigación teórica: la filosofía del derecho, la epistemología jurídica y la inteligencia artificial aplicada al derecho.Este modelo surge de la aplicación de algunos métodos de elicitación y representación del conocimiento. Y emplea la teoría de las redes neurales como una metáfora teórica a fin de generar sus propias explicaciones y representaciones visuales.El estatus epistemológico del modelo es de corte constructivista, y se encuentra en la línea de las tendencias de investigación contemporánea dentro de la psicología cognitiva, la cual plantea que el razonamiento judicial puede ser entendido de mejor manera si asumimos un enfoque coherentista y conexionista. (shrink)

En reseña de:Elósegui Itxaso, María (coord.), Los principios y la interpretación judicial de los derechos fundamentales. Homenaje a Robert Alexy en su 70 Aniversario. Zaragoza y Madrid, Fundación Manuel Giménez Abad y Marcial Pons, 2016.

El presente trabajo es el resultado de mi participación en el evento de discusión de la revista Problema. Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho, que llevó por nombre “La construcción del precedente en el Civil Law: debates, conceptos y desafíos”, en el cual participaron varios colegas con un amplio conocimiento en el tema del precedente judicial; de igual forma, ahonda en los temas de mayor debate dentro de lo referente al precedente judicial, enfocado al caso chileno. (...) Todo ello, con la finalidad de proponer algunas soluciones al respecto, así como dilucidar ciertos aspectos importantes dentro del precedente. Partiendo de conceptos tan trascendentes como la prescriptibilidad, la racionalidad y el uso argumentativo, se logra llegar a ciertas problemáticas provocadas por el mal uso de los conceptos previamente mencionados, que a su vez nos conduce al stare decisis, término que mal utilizado puede resultar en un acto contrario a la independencia interna de la cual gozan los jueces. (shrink)

This paper is the result of my participation in a discussion event of Problema. Anuario de filosofía y teoría del derecho entitled “The Construction of Precedent in Civil Law: Debates, Concepts and Challenges”. Several colleagues with a vast knowledge on the subject of judicial precedent participated in this seminar, which also delved into the widely debated aspects of judicial precedent focused on the case of Chile. The entire discussion aimed at proposing solutions, as well as shedding some (...) light on some of its important aspects.Starting from such transcendental concepts as, rationality and argumentative use, it is possible to find certain problems arising from the improper use of the above concepts, which in turn leads us to stare decisis, a term that if used incorrectly may result in an act against the internal independence of judges. (shrink)

El objetivo de este artículo es hacer una reconstrucción racional del uso del examen de proporcionalidad en contextos de adjudicación judicial de derechos sociales constitucionales. Dicho trabajo de reconstrucción será desarrollado en dos pasos. En primer lugar, se tratará el interrogante referido a si el examen de proporcionalidad en su variante “por omisión” exhibe o no una estructura diferente con respecto a su, mucho más conocida e investigada, variante “por exceso”. En segundo lugar, se describirán las reglas y formas (...) de argumentación que están implícitas en el uso del examen de proporcionalidad por omisión y que componen a sus respectivos sub-exámenes de idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu. Por último, se presentará un breve resumen a modo de conclusión. (shrink)

<1>Acerca de la concepción realista del derecho.--<2>Los fundamentos del derecho natural clásico en el pensamiento de Michel Villey.--<3>Liberación y derecho.--<4>Sobre la equidad.--<5>Reflexiones acerca de la estructura del razonamiento judicial.

Una de las cuestiones a que se enfrenta la teoría de la argumentación jurídica, y a la que se dedica este trabajo, es poner de relieve el papel que las valoraciones tienen en el proceso de aplicación del derecho. Las razones valorativas juegan un papel más importante que el que la concepción positivista del derecho suele advertir. En muchos casos las decisiones judiciales no pueden justificarse en el propio derecho, sino en valoraciones ajenas al mismo. Esto no (...) debe significar que, en este ámbito, aquellas sean necesariamente arbitrarias, pero sí discrecionales, lo que conlleva que deben establecerse algunos criterios de racionalidad; criterios que no son ya jurídicos, sino de carácter moral o ético. (shrink)

La doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Argentina en relación a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, expresamente declaraba la obligación del Estado de investigar y juzgar a los responsables de su comisión. La Corte no sólo caracterizó dichos delitos, sino que también estableció que no eran susceptibles de amnistía, indulto, ni prescripción. Pero, en el año 2017 dictó el fallo “Muiña” donde, por voto mayoritario, decidió otorgarle el beneficio del “2 (...) por 1” a un condenado por dichos delitos. La consecuencia fue su inmediata libertad por el vencimiento de la condena. La respuesta de la sociedad fue clara. Con diversas manifestaciones, la sociedad civil, las instituciones y las personalidades públicas se declararon en contra de la sentencia. Más aún, del voto de los mismos jueces se observan expresiones que denotan un gran pesar a la hora de tomar la decisión. Más precisamente, sostenían estar ante un dilema. En este trabajo, lejos de realizar un análisis de la interpretación jurídica que se efectuó en la sentencia, se propone trabajar sobre el concepto de dilema y la posibilidad de aplicación en el presente caso. La finalidad concreta es indagar si se está ante un dilema y en su caso si los jueces utilizan este concepto como un arma argumentativa para lograr adhesión o compasión de la opinión pública. En este sentido, se comenzará relatando el marco jurídico del fallo, donde se describirá la historia judicial de Muiña y los argumentos dados por el voto mayoritario y el minoritario de la Corte. Luego, se realizará un análisis del concepto de dilema, para reconstruirlo sobre la base de dos grandes posturas: Una lógica conceptual y otra fenomenológica. Posteriormente, se realizará un examen de la dimensión institucional del derecho y la moralidad judicial, para - finalmente - poder intentar responder si se está efectivamente ante un dilema. (shrink)

El reconocimiento constitucional de ciertos derechos colectivos de los pueblos originarios, efectuado en algunas Repúblicas hispanoamericanas que han avanzado en procesos constituyentes hacia un Estado de carácter plurinacional, multiétnico e intercultural, ha conseguido quebrar hasta cierto punto aquella cultura jurídica hegemónica que dominó con su carácter monista durante décadas o, mejor dicho, durante siglos. La legitimación de un derecho consuetudinario indígena, poseedor de una jurisdicción especial y autónoma, esto es, la construcción de un marco dentro del cual estas comunidades (...) tengan «derecho al propio derecho», constituye sin duda un principio importante para romper la persistencia secular de aquella colonialidad jurídica que, primero desde una matriz criolla y después desde una matriz mestiza, negaba toda autonomía judicial a las distintas nacionalidades indígenas. Pero este nuevo horizonte, si bien representa un proyecto eminentemente decolonial en muchos aspectos, no está exento de problemáticas contradicciones. Porque un escenario de radical pluralismo jurídico quebrantaría la posibilidad de establecer un marco común de ciudadanía, y es éste un nudo de conflicto importantísimo. (shrink)

Los ciudadanos necesitan seguridad y certeza en sus relaciones sociales, y los poderes del Estado deben proporcionárselas. Sin embargo, hoy en día no es así. El principio de separación de poderes amenaza con quiebra. El poder del Estado se debilita y los ciudadanos ya no confían ni en la independencia, ni en la transparencia de sus actuaciones. En esta situación, el poder judicial se muestra como el último reducto de confianza para los ciudadanos. Sin embargo, su actuación también plantea (...) problemas. Los ciudadanos se preguntan. ¿Existe o no una única respuesta judicial para cada caso concreto? El presente trabajo se ocupa de abordar este asunto defendiendo la discrecionalidad judicial y condenando, por el contrario, la arbitrariedad que supondría la utilización del lawfare. (shrink)

Este artículo revisa los problemas relacionados con la distinción actual entre Ética pública y Ética privada; una distinción basada en una tesis reduccionista, según la cual los políticos y empleados públicos son los únicos sujetos agentes en los asuntos de Ética pública. El autor destaca especialmente que la noción actual de Ética Pública cae en el error de aislar en el espacio privado, cuestiones relacionadas con la Ética pública. Un concepto tan limitado, es un gran error que ha servido para (...) ocultar del foco de la Ética Pública una gran cantidad de asuntos vitales que van más allá del campo de interrelación público-privado. Los partidos políticos, los sindicatos, los contribuyentes, los contratistas, los medios de comunicación, las personas subsidiadas, los ciudadanos en general; todos ellos tienen un papel muy importante en la esfera pública, y por lo tanto son agentes en temas de Ética Pública. Por estas razones, el autor refuta la visión estrecha del concepto actual de Ética Pública y cree imprescindible repensarlo, objetiva y subjetivamente. Por otra parte, este estudio examina el nuevo panorama de los "códigos de ética" en España, con una mirada crítica cuando son sólo normas legales acompañadas de sanciones y no verdaderos “códigos de ética”. Estos principios, llamados "principios éticos", deberían ser deberes que los funcionarios públicos poseen por sí mismos y no por imposición. Por el contrario, en el caso que examinamos, esos principios son claramente deberes establecidos en la Constitución Española de 1978 y representan las obligaciones más primarias, superlativas y básicas de un empleado público. En un estado de duda moral, los códigos podrían ser útiles para proporcionar consejo, dando una regla para resolver el dilema ético. El autor reconoce que, en determinadas circunstancias, en tales casos, los códigos de ética pueden ayudar a los servidores públicos como guía en sus decisiones. Sin embargo, la obligación de respetar y garantizar el respeto de los mandatos constitucionales y la prohibición de la discriminación contra las personas por motivos de raza, sexo, religión.., u otras circunstancias, no plantean cuestiones morales. Por esa razón, el autor considera que el Estatuto Básico del Empleado Público en España comete un error al establecer como un principio ético, el deber de cumplir con la Constitución; el más alto deber legal que uno puede imaginar en el caso de los servidores públicos. (shrink)

Common Law Theory of Judicial Review: The Living Tree, Wil Waluchow neatly sidesteps the critique of judicial review based on the con- tention that constitutional rights are unacceptably indeterminate by arguing that it is this very indeterminacy that makes a common law method of legal interpretation appropriate. However, his contention that judges are able to ‘discover’ the underlying ‘authentic’ moral views of citizens is insufficiently grounded to meet the objection that common law reasoning utilising such unspecific material will (...) result in controversial decisions that reflect the val- ues and experience of an unrepresentative social and professional elite. He also ignores the important fact that electoral democracy is partly about the protection of vulnerable majorities against powerful minorities. However, Waluchow’s approach could be rendered more acceptable where there is the practical possibility of effective legislative on law style decision-making in the arena of human rights.Resumen:En su libro A Common Law Theory of Judicial Review: The Living Tree, Wil Waluchow de manera elegante y sutil evita la crítica al judicial review con el argumento de que los derechos constitucionales son irremediablemen te indeterminados y sostiene que precisamente por este aspecto de inde terminación un método basado en el common law es adecuado para la in terpretación de los derechos. Sin embargo, su postura de que los jueces son capaces de “descubrir” las perspectivas morales “auténticas” de los ciudadanos no está bien fundamentada como para hacer frente a la crítica de que el método del common law, al utilizar dicho material poco específico, da como resultado decisiones controvertidas que reflejan los valores y experiencia de una elite profesional y social no representativa. También el argumento de Waluchow ignora que la democracia electoral tiene como objetivo proteger a mayorías vulnerables de poderosas minorías. No obstante lo anterior, la tesis de Waluchow puede ser más viable donde exista la posibilidad práctica de una revisión efectiva de las leyes a través de las decisiones propias del método del common law en el ámbito de los derechos humanos. (shrink)

La literatura sobre razonamiento probatorio busca incidir en la determinación de los hechos en los procesos judiciales. Para alcanzar dicho propósito, no basta con dirigir la mirada hacia disciplinas extrajurídicas exitosas e integrar lo que de ellas pueda extraerse a las teorías jurídicas de la prueba y a la práctica judicial. Es necesario, además, considerar el tipo de hechos a probar, los roles de las reglas jurídicas aplicables, y asumir que litigantes y jueces, actuando en un contexto institucional, podrán (...) ser más o menos agudos en la discusión fáctica, entre otras cosas. Minimizar la influencia de tales factores expone a los estudios probatorios a tener un bajo rendimiento práctico. Algo de esto ha ocurrido con la llamada concepción racionalista de la prueba. Su innegable aporte al debate académico en español no ha ido a la par de su impacto judicial. Para explicar esta brecha entre teoría y práctica, identificamos tres creencias-obstáculo que afectan a su discurso sobre la prueba y que deben ser sorteadas si lo que se busca es influir en la forma en que se juzgan los hechos en un sistema judicial realmente existente. (shrink)

H. L. A. Hart’s The Concept of Law (Hart 1994) contains many passages that have become iconic for legal theory. This essay focuses on Chapter 7, sections 1 and 2, and Hart’s comments about judicial discretion in the context of Ronald Dworkin’s well-known attack on the idea of judicial discretion in his essay “The Model of Rules”. Specifically, the paper undertakes three projects. The first project is to defend the importance of the fundamental picture that Hart presents in (...) Concept, Chapter 7 of Common-Law judicial rule-making. Hart represents such rule-making as a balance of certainty and flexibility, and he is correct to do that. The second project is to argue that Dworkin’s attack on the positivist model of common-law judicial rule-making as an exercise of “strong discretion” fails. The idea, central to the meaning of “strong discretion” that courts are not “not bound by standards set by the authority in question” cannot be established. The third is to argue that Hart is his own worst enemy. The language, metaphors and images he uses to present his account of common-law judicial rule-making open the way to Dworkin’s critique. They also reveal Hart, if the language, metaphors and images are taken seriously, to be precisely the kind of formalist or deductivist about adjudication that he is ostensibly in Concept Chapter 7 criticising.Resumen:El concepto de derecho (1994) de H. L. A. Hart, contiene muchos pasajes que se han convertido en íconos de la teoría jurídica. Este artículo se concentra en el capítulo 7, sección 1 y 2, y en los comentarios que realizara Hart sobre la discreción judicial en el contexto de la bien conocida crítica de Dworkin a esta misma idea en su ensayo “El modelo de las normas”. Específicamente, el artículo emprende tres proyectos. El primero de ellos consiste en defender la importancia del esquema fundamental que ofrece Hart en el capítulo 7 de su obra, esto es, la creación judicial de normas en el Common Law. Hart representa tal creación de normas como un balance de certeza y flexibilidad; y él está en lo correcto al presentarlo de tal modo. El segundo proyecto consiste en argumentar que la crítica de Dworkin al modelo positivista de la creación judicial de normas en el Common Law, como un ejercicio de “discreción fuerte”, no está sustentada. La idea —central para el significado de “discreción fuerte”— de que los tribunales no están “sujetos a criterios establecidos por la autoridad en cuestión” no puede ser establecida. El tercer proyecto consiste en argumentar que Hart es su peor enemigo. El lenguaje, las metáforas e imágenes que emplea para exponer su teoría de la creación judicial de normas en el Common Law abre la puerta a la crítica dworkiniana. Si tomamos en serio el lenguaje, las metáforas y las imágenes, encontraremos a un Hart del tipo formalista o deductivista sobre la adjudicación, justo como el que él mismo está abiertamente cuestionando en el capítulo 7 de El concepto. (shrink)

En el fragmento 44 de Sobre la verdad, Antifonte realiza una seria crítica a la ley y a la práctica judicial ateniense en cuanto medio que promueve el odio y la realización de injusticias. Esto ha llevado a una buena parte de los especialistas a calificarlo como un negador del valor de las instituciones jurídicas. A partir de una revisión del pensamiento de Antifonte, el propósito de este trabajo es examinar la posibilidad de que los espacios de resolución de (...) conflictos, antes que cargar por completo con un sentido negativo vinculado al odio y la injusticia, puedan ser beneficiosos. (shrink)

Judges have a duty to decide judicial cases, however, judicial decision will vary and will have certain characteristics depending on the kind of case at hand: this article address three kinds of judicial cases: clear cases, borderline cases and pivotal cases. The purpose: discuss if relying on these classifications is useful or not in light of the unity in judicial adjudication principle.Resumen:Los jueces tienen el deber general de resolver los casos judiciales; sin embargo, la decisión (...) class='Hi'>judicial variará y tendrá ciertas características dependiendo del tipo de caso; son tres los tipos de casos judiciales que este artículo estudia: clear cases, borderline cases y pivotal cases. El objetivo: intentar descubrir si adoptar una de las tipologías señaladas vulnera o reafirma el principio de unidad propio de la aplicación judicial. (shrink)

Este trabajo propone un replanteamiento a la forma de entender el activismo judicial, sobre todo, alejarlo de las críticas que se han gestado desde diferentes posiciones teóricas sin un sustento empírico fuerte, ya que en la práctica judicial ese activismo, en específico, el que se da en sede constitucional de última instancia, representa una vía institucional para la concretización de los derechos fundamentales y la sociedad democrática. Así, el activismo judicial al representar una consecuencia del control (...) class='Hi'>judicial tendrá una base institucional que es compatible con el diseño institucional del Estado Constitucional, pues ese diseño ha conferido discrecionalidad a los jueces constitucionales para concretizar el contenido de la Constitución. (shrink)

Este artículo estudia críticamente el concepto de Ius Constitutionale Commune Latinoamericanum como fenómeno de judicialización de la política a nivel regional. Partiendo de la afirmación de que el derecho constitucional es político, se analizan algunos rasgos del ICCAL como la ideología que lo inspira, la teoría en que se apoya el concepto y el arreglo institucional que lo sostiene, para problematizar su carácter "común". Bajo el entendido que cualquier proyecto constitucional está indisolublemente ligado a un diseño institucional que lo (...) lleva a cabo, se critica la apuesta por un modelo juricentrista, anclado en la interpretación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace de los derechos reconocidos como universales, para proponer un sistema basado en procedimientos deliberativos e igualitarios que fortalezcan la democratización de la región. This article critically examines the concept of Ius Constitutionale Commune Latinoamericanum as a phenomenon of judicialization of politics at the regional level. To problematize its "common" character and based on the assertion that constitutional law is political, some features of the ICCAL are analyzed: the ideology that inspires it, the theory in which the concept is supported and the institutional arrangement that sustains it. Under the understanding that every constitutional project is inextricably linked to an institutional design that carries it out, the commitment to a jury-centered model, anchored in the interpretation that the Inter-American Court of Human Rights makes of the rights recognized as universal is criticized. Proposing, in contrast, a system based on deliberative and egalitarian procedures that strengthen the democratization of the region. (shrink)

Dos tipos de doctrinas jurídicas han tratado de negar la discrecionalidad judicial: por un lado, el formalismo ingenuo del siglo XIX, propio de la Escuela de la Exégesis, en Francia, y de la Jurisprudencia de Conceptos, en Alemania; por otro lado, el formalismo sofisticado de fines del siglo XX, que primero integra derecho y moral social y, después, moraliza la Constitución positiva para que en el derecho positivo se contenga una única solución correcta para cada caso posible. (...) Por contra, el positivismo jurídico del siglo XX ha visto en la discrecionalidad judicial una consecuencia, tan inevitable como conveniente, de los caracteres de todo sistema jurídico real. (shrink)

Este artículo revisa los problemas relacionados con la distinción actual entre Ética pública y Ética privada; una distinción basada en una tesis reduccionista, según la cual los políticos y empleados públicos son los únicos sujetos agentes en los asuntos de Ética pública. El autor destaca especialmente que la noción actual de Ética Pública cae en el error de aislar en el espacio privado, cuestiones relacionadas con la Ética pública. Un concepto tan limitado, es un gran error que ha servido para (...) ocultar del foco de la Ética Pública una gran cantidad de asuntos vitales que van más allá del campo de interrelación público-privado. Los partidos políticos, los sindicatos, los contribuyentes, los contratistas, los medios de comunicación, las personas subsidiadas, los ciudadanos en general; todos ellos tienen un papel muy importante en la esfera pública, y por lo tanto son agentes en temas de Ética Pública. Por estas razones, el autor refuta la visión estrecha del concepto actual de Ética Pública y cree imprescindible repensarlo, objetiva y subjetivamente. Por otra parte, este estudio examina el nuevo panorama de los "códigos de ética" en España, con una mirada crítica cuando son sólo normas legales acompañadas de sanciones y no verdaderos “códigos de ética”. Estos principios, llamados "principios éticos", deberían ser deberes que los funcionarios públicos poseen por sí mismos y no por imposición. Por el contrario, en el caso que examinamos, esos principios son claramente deberes establecidos en la Constitución Española de 1978 y representan las obligaciones más primarias, superlativas y básicas de un empleado público. En un estado de duda moral, los códigos podrían ser útiles para proporcionar consejo, dando una regla para resolver el dilema ético. El autor reconoce que, en determinadas circunstancias, en tales casos, los códigos de ética pueden ayudar a los servidores públicos como guía en sus decisiones. Sin embargo, la obligación de respetar y garantizar el respeto de los mandatos constitucionales y la prohibición de la discriminación contra las personas por motivos de raza, sexo, religión.., u otras circunstancias, no plantean cuestiones morales. Por esa razón, el autor considera que el Estatuto Básico del Empleado Público en España comete un error al establecer como un principio ético, el deber de cumplir con la Constitución; el más alto deber legal que uno puede imaginar en el caso de los servidores públicos. (shrink)

A propósito de su reciente visita a Colombia, invitado por la Corte Constitucional y la Universidad de La Sabana, los profesores Leonardo García Jaramillo y Vicente F. Benítez-R. entrevistaron al profesor Jeremy Waldron. Waldron fue Chichele Professor en la Universidad de Oxford, discípulo y contradictor de Dworkin, y es uno de los autores más influyentes del debate teórico político y constitucional contemporáneo. Actualmente es University Professor de la Universidad de New York. La traducción al español de la entrevista es también (...) de Leonardo García Jaramillo y Vicente F. Benítez-R... (shrink)

La mal llamada “Conquista del Desierto” constituyó una serie de campañas militares ocurridas en el actual territorio patagónico argentino entre los años 1878 y 1885 cuyo resultado fue el asesinato, la violación y sometimiento a la esclavitud de diversos pueblos y comunidades indígenas. Este no fue un caso aislado, sino que se suma a una serie de ataques sistemáticos que han sufrido los indígenas en la Argentina. En los últimos años, a raíz del reclamo y las luchas de los pueblos (...) y comunidades indígenas, así como también de las organizaciones de derechos humanos, se han comenzado a juzgar algunos de estos hechos. En particular, la Masacre de Napalpí (1924) y la Masacre de La Bomba (1947) fueron los primeros que lograron respuestas judiciales favorables. En ambos se determinó que el accionar estatal era constitutivo de un genocidio y, por lo tanto, se debía resarcir a las comunidades actuales. Ahora bien, la Campaña del Desierto, al día de hoy, no tiene respuesta por parte del Estado. Teniendo presente este panorama, nuestro objetivo en este trabajo es reconstruir los diferentes problemas que enfrenta la posibilidad del reclamo judicial. Para ello, comenzaremos describiendo en qué consistió la Campaña del Desierto. Luego, explicaremos la noción de genocidio aplicado a hechos de injusticias históricas. Como tercer paso, reconstruiremos los casos jurisprudenciales que se han preocupado por genocidios indígenas ocurridos en el pasado. Con este panorama revelado, nos enfocaremos en los diferentes problemas jurídicos y políticos que surgen en los reclamos de justicia. (shrink)

Este artículo plantea la necesidad de revisar la noción de ética judicial en el sentido de que, mientras la ética en general tiene una raíz eminentemente filosófica, en la actualidad parece como si se pretendiera minimizar tal influencia con el fin de dotar a las denominadas éticas aplicadas de mayor rigor y pragmatismo al ser explicadas por quienes tienen la responsabilidad de aplicarla. Se parte de una reflexión en torno al lugar de la ética dentro de la ética (...) class='Hi'>judicial. Para ello, se analiza un caso concreto de faltas graves a la ética judicial en Colombia, lo que demuestra que, más allá de la retórica formativa en torno a la ética judicial, cumplirla implica una perspectiva desde la objetividad epistémica. Se concluye que las consideraciones formativas y funcionales en torno a la ética judicial deben comprometer su abordaje más allá de las generalidades en que suele caer tal discusión. (shrink)

El Programa de Ética y Teoría Política de la Universidad Nacional de Córdoba reúne a investigadores, becarios doctorales y post-doctorales, profesores y estudiantes avanzados de la carrera de Derecho. El objetivo del grupo es evaluar las instituciones públicas y las conductas de los funcionarios, legisladores, jueces y abogados. El Programa desarrolla diversas líneas de investigación, entre las que se encuentra la evaluación de las políticas de seguridad. En este contexto, se desarrollaron diferentes actividades de formación, se llevaron adelante dos (...) proyectos de investigación, entre los que se encuentra el que se presenta a continuación, y se promovieron diferentes medios de transferencia de los resultados que se presentan al final del informe. Durante el periodo 2011-2012, se llevó adelante la primera investigación sobre la aplicación del Código de Faltas de la Provincia de Córdoba. Tal investigación fue fruto de la cooperación internacional entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad de la Rioja de España. La investigación concluyó en el “Informe y relevamiento sobre la aplicación del Código de Faltas en la Ciudad de Córdoba” que mostró la sistematicidad y selectividad con la que se aplicaba a jóvenes de diferentes barrios. El informe también mostró cuáles son las razones que los jóvenes identificaban como causa de la detención. En este informe, surgió que, pese a la sistematicidad y selectividad de las detenciones arbitrarias que afectaban la vida de los jóvenes, estos no tenían acceso a la justicia para denunciar, reparar o prevenir tal situación. (shrink)